Anuario 2021

AEAT

“Sin el gA estaríamos en los comienzos de la Administración electrónica”

Bartolomé Borrego Zabala
Vocal adscrito en la Delegación Especial de la AEAT en Andalucía, Ceuta y Melilla
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y con un máster en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Bartolomé Borrego Zabala es técnico tributario de Hacienda con las especialidades de Aduanas, Gestión Tributaria, Inspección y Recaudación, y especialista en Administración electrónica y en Procedimientos Tributarios electrónicos

Cuenta con una amplia trayectoria como docente en diferentes másteres, cursos, seminarios, y es conferenciante habitual en materias de Tributación, Comercio Internacional y Nuevas Tecnologías. Haciendo un recorrido por los últimos pasos dados en la eAdministración, repasa los logros, retos y oportunidades perdidas.

La pandemia aceleró la necesidad de digitalizarnos en todos los sentidos. ¿Estaban preparadas las Administraciones?

Indudablemente, la pandemia originada por la Covid 19 ha supuesto un antes y después en la transformación digital de empresas y despachos, pero también para las Administraciones Públicas. Al igual que en el mundo privado, en lo público hemos sido testigos de cómo algunas Administraciones, a pesar de contar en la mayoría de los casos con más medios, sin embargo, la pandemia también les cogió por sorpresa y, o bien, no contaban con los medios necesarios para seguir trabajando en una situación de confinamiento como la que vivimos, o bien, tardaron en adaptarse para poder dar continuidad a la prestación de servicios públicos online.

Pero también pudimos comprobar que algunas otras, normalmente las de mayor dimensión, como la Agencia Tributaria o la Seguridad Social, y aquellas que contaban con buenos recursos tecnológicos, en apenas una semana estuvieron en condiciones de seguir trabajando, a pesar de que la mayor parte de su personal no disponía de equipos informáticos adecuados puestos a su disposición por la propia Administración y, en la gran mayoría de los casos, las Administraciones tuvieron que adquirir nuevas licencias de software para los ordenadores personales que los trabajadores utilizaron durante la pandemia.

Pero también es cierto que en este punto jugó un papel esencial la buena actitud y voluntad por parte del personal de las Administraciones, que pusieron a disposición de sus Administraciones sus propios medios personales con el fin de poder seguir prestando sus servicios en las mismas condiciones que antes del confinamiento o, al menos, con el menor tipo de carencias posibles.

¿Qué se ha conseguido desde entonces?

Creo que la situación vivida nos ha hecho reflexionar a todos sobre la importancia de transformarnos digitalmente, y para la Administración no lo ha sido menos. El análisis de lo acontecido durante todo este tiempo nos ha hecho tomar conciencia de cómo debemos afrontar situaciones imprevistas, y no me refiero únicamente a lo relacionado con el mundo informático, sino también en el plano humano.

En cuestiones informáticas, no cabe duda de que aquellas que no pudieron trabajar, han de abordar el problema y adoptar las oportunas medidas ante contingencias parecidas que puedan volver a ocurrir. Y en el plano humano, aspectos como el teletrabajo han tenido la oportunidad de salir adelante tras una lucha por parte de los sindicatos, lo que implica abordar una regulación aún pendiente en el caso de las Administraciones Públicas, de forma que pueda simultanearse este derecho a los trabajadores sin que se vea mermado el servicio público.

¿Qué queda por hacer? ¿A qué retos nos enfrentamos ahora?

Desde mi punto de vista queda aún mucho por hacer. Por una parte, aquellas Administraciones que sufrieron directamente los efectos del confinamiento por la carencia de determinados medios materiales deben aprovisionarse debidamente de forma que puedan atender los servicios públicos, no solo ante situaciones como la vivida, sino para dar solución a la implantación del teletrabajo, que ha llegado para quedarse. Por otro lado, hubo Administraciones que, aun disponiendo de medios materiales para trabajar desde casa, sin embargo, aún no tenían implantados, al menos en un porcentaje significativo, trámites que los ciudadanos pudieran realizar por vía electrónica. Ahora es el momento de avanzar a este tema para dar el salto definitivo hacia una Administración electrónica. Según el último Dossier de Indicadores del Índice de Economía y Sociedad Digital de Red.es, los servicios públicos digitales suponen entre un 80 y un 95% en España. Curiosamente, nivel por encima de la media europea, que oscilan entre el 59 y el 89%.

Por último, me gustaría aprovechar esta oportunidad que me dan para plantear algo que creo debería haber hecho la Administración desde que empezamos a informatizarnos allá por finales de los años noventa. De la misma manera que la Administración obliga a un número significativo de personas jurídicas e incluso algunos colectivos de personas físicas, a la realización de trámites telemáticos o electrónicos, creo que tiene también el deber de facilitar el cumplimiento de esta obligación. En concreto, debe enseñar o formar a los ciudadanos para que puedan utilizar con facilidad el ordenador, los navegadores, las apps, así como los medios de identificación y firma como los certificados digitales o el sistema Cl@ve, lo que permitiría presentar por los registros electrónicos todo tipo de escritos, solicitudes, quejas, alegaciones, etc. Una forma de llevar a efecto esta propuesta sería, por ejemplo, la impartición de charlas informativas, la puesta en los portales institucionales a disposición del público en general de seminarios virtuales que expliquen de una forma sencilla y práctica los pasos que han de seguirse para presentar y consultar documentos electrónicos, etc.

También me gustaría hacer una referencia a una oportunidad perdida: el Blockchain. Una tecnología segura que podría aportar grandes beneficios a todos los usuarios, que está dando buenos resultados en aquellos sectores en los que se ha implantado y que en el ámbito administrativo no podemos utilizar, al menos a corto plazo, ya que la vigente Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las AA.PP. no solo hace mención alguna a su utilización, sino que en su disposición adicional sexta, incluso prohíbe su utilización en tanto no exista una regulación específica por el Estado en el marco del Derecho de la Unión Europea.

No todo el mundo tiene el mismo acceso a la tecnología. ¿Se está teniendo en cuenta a los mayores y las personas en situaciones más vulnerables?

El impulso de la digitalización de la Administración pública se ha traducido necesariamente en el uso de la identificación digital para acceder a muchos servicios públicos, un hecho que es ya bastante habitual en el conjunto de la población y también es mayoritaria la cifra de personas que han realizado gestiones o trámites telemáticamente. No obstante, sigue habiendo una brecha generacional importante que irá desapareciendo poco a poco.

Desconozco si todas las Administraciones han puesto en marcha iniciativas en el sentido que se plantea en esta cuestión, pero sí es cierto que una buena medida para paliar este problema la constituye la creación de las denominadas ‘Oficinas de Asistencia en materia de registro’, tal y como recoge el artículo 16 de la mencionada Ley 39/2015. Estas oficinas prestan asistencia a personas que carecen de medios tecnológicos y/o de los conocimientos necesarios para la utilización de Internet como medio de relacionarse con la Administración y de realizar trámites por vía electrónica.

Pero esto no constituye precisamente un derecho universal, es más bien algo incongruente, puesto que dicho artículo prevé la utilización de estas oficinas únicamente a las personas que, de acuerdo con el artículo 14 de la referida Ley, están obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con la Administración, olvidándose, por tanto, de aquellos que presentan las mismas carencias que los anteriores y que están interesados en dar el paso en este sentido, pero se da la circunstancia de que no están sujetos a esta obligación. Pienso que esta ha sido otra oportunidad perdida que hubiera contribuido a dar solución a este problema que me plantean y que no ha sido bien enfocado desde el principio.

Por otra parte, muchas Administraciones, principalmente las grandes, iniciaron hace unos años una importante mejora en sus servicios de asistencia y ayuda a los ciudadanos con el fin de facilitarles el cumplimiento de sus obligaciones administrativas. En este sentido, la Comisión Europea, consciente de que la Inteligencia artificial constituye una verdadera palanca de cambio socioeconómico, nos invita a adoptar nuevos servicios basados en esta tecnología.

¿Se está implantado dicha tecnología?

A estos efectos, me gustaría citar, por ejemplo, la utilización de asistentes virtuales basados en inteligencia artificial como los que ofrece la A.E.A.T. para el cumplimiento de las obligaciones tributarias en materia de IVA, SII, censales, y próximamente de IRPF; o el que también tiene ya disponible la Seguridad Social para la realización de trámites laborales, que ofrece información sobre los servicios más demandados, como pensiones de jubilación, prestaciones, vida laboral, autónomos o empleadas del hogar; y también, el que implantó el pasado mes de octubre la Consejería de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía para resolver a los ciudadanos todas las dudas que les surjan relacionadas con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

En ese sentido, ¿cómo de importante es la labor de profesionales como los gestores administrativos?

Los gestores administrativos y asesores en general son la pieza clave y esencial por la que, hoy por hoy, tenemos una Administración electrónica bastante avanzada. Estoy convencido de que, si no existiera la figura del gestor como profesional intermediario entre el ciudadano o empresa y la Administración Pública, nos encontraríamos todavía en los comienzos de la Administración electrónica.

En este sentido, la Administración es consciente del hecho de que ha contado y cuenta con buenos profesionales conocedores de las legislaciones que se aplican en los distintos ámbitos administrativos, del hecho también de que son los primeros que empezaron a transformarse digitalmente -aunque todavía queda camino por recorrer-, los primeros igualmente en utilizar medios de identificación seguros a la hora tanto de identificarse como de firmar electrónicamente y, en definitiva, los primeros en realizar miles de transacciones administrativas seguras como intermediarios y en representación de sus clientes ante la Administración. Ellos son los verdaderos artífices y responsables del gran avance que ha tenido la eAdministración en esta última década, hasta lograr niveles que, en los comienzos se veía como algo, no inalcanzable, pero si más bien como un objetivo a muy largo plazo. El desarrollo normativo en materia administrativa permite hoy día, además, que estos representantes de los ciudadanos puedan acreditar su representación ante las Administraciones Públicas, no solo para la realización de algunos trámites en particular o para cualquier actuación que deban llevar a cabo ante una Administración, sino también para cualquier tramitación que deban realizar ante las distintas Administraciones Públicas españolas, lo que ha ampliado considerablemente el ámbito de actuación de estos profesionales.

Por otra parte, el hecho de utilizar un profesional que te represente ante una Administración implica también para el propio organismo una gran ventaja, ya que este cuenta con que la tramitación que haga del expediente irá, en la mayoría de los casos, bien planteada y con las debidas garantías jurídicas, algo de lo que normalmente adolecen los escritos que suelen presentar muchos ciudadanos que carecen de los conocimientos adecuados. Y ello contribuye, además, a una mayor celeridad en la tramitación de los expedientes, lo que, al final, redundará en beneficio del propio ciudadano.

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