El presidente del Colegio de Gestores Administrativos advierte a Vida Económica de la volatilidad de las cuestiones de actualidad. «Con todo lo que está pasando a lo mejor lo que te diga hoy ya no sirve mañana», bromea antes de tomar asiento con esta revista en el salón de actos de la sede de esta institución en la Plaza de Babel.
¿Pero qué está pasando?
A ver, unos dicen que viene provocado por la guerra de Ucrania y otros dicen que es por la pandemia. Lo cierto es que ha disminuido la oferta y los precios están subiendo. ¿Qué conlleva eso al día a día del ciudadano? Que su dinero siendo la misma cantidad valga menos. ¿Y qué ha hecho la Junta? Ha usado la herramienta que se llama deflación. Se trata de adecuar lo que te cobra en impuestos a ese incremento de los precios.
¿Con qué figura?
La Junta lo ha implementado en la parte autonómica del IRPF. Esa rebaja fiscal le va a afectar a los tres primeros tramos hasta 30.000 euros de ingresos en la renta, que representan gran parte de trabajadores y autónomos. Eso sí, no lo van a notar hasta que tenga que hacerla en el siguiente ejercicio porque se diferencia de la estatal, que repercute en las nóminas cada mes.
Entonces, ¿por qué se habla más del Impuesto sobre el Patrimonio?
Es una cuestión política. Si te pones a mirar números, afecta a un porcentaje ínfimo de ciudadanos andaluces, sin discusión entre ricos o pobres porque no tiene mucho sentido. El importe real que recaudes en cantidad neta no es significativo para el presupuesto de la Junta de Andalucía porque de hecho su intención al suprimir este impuesto es para que esas familias generen más riqueza aquí. Es que ya que viven, consumen aquí, pagan impuestos aquí y, lo más importante, ese tramo autonómico del IRPF lo pagarán aquí también y estos no están deflactados porque los tramos más altos no se han tocado. Es una estrategia puramente empresarial: pierdo por aquí, pero gano mucho más por allí.
¿Encuentra alguna desventaja sobre la supresión de Patrimonio?
Aparentemente no. (Silencio). Es que bajar impuestos tampoco lo veo nunca una desventaja. Como la hipotética bajada del IVA en los productos que se está estudiando ahora, no le veo ninguna desventaja porque al primero que le afecta es a mí.
¿Y cuál afecta más a la empresa?
Depende de la actividad porque las hay que pueden repercutir más o menos el IVA, que es el más importante. Aparentemente es neutro, pero hay actividades que no la pueden hacer o que tienen desequilibrios en el porcentaje al que emiten en relación al que reciben. Después hay que tenerlo en cuenta a nivel tesorería: si están subiendo los precios, por mucho que repercutas el IVA, al proveedor se lo tengo que pagar.
¿Podría el Gobierno frenar esta medida de la Junta?
Si lo hace tendrá otro lío judicial. Son medidas que tiene la administración autonómica delegadas. Ahora lo ha hecho Valencia aplicando la reducción hasta las rentas de hasta 60.000 euros. ¿Es mejor que la andaluza? Desde luego va a beneficiar a los ciudadanos, pero ¿qué va a hacer el Estado? Podría empezar por deflacar la renta porque en su caso se aplicaría mes a mes en cada retención de las nóminas.
¿Qué cosas entonces podría hacer?
El Estado tiene todo el poder, otra cosa es que quiera o no hacer cosas. Debería dar ejemplo, lo primero. Y luego podría disminuir el IVA de determinados productos o impuestos especiales. No le voy a decir que intervenga en los precios, pero sí puede incentivar determinadas líneas de comercialización que son más efectivas para que toda la cadena de producción sea más barata y pueda repercutir en el ciudadano.
¿Qué otros impuestos importantes están en potestad del Estado?
Fundamentalmente el IVA, que es indirecto, pero lo pagamos todos. Repercute en las comunidades luego en la distribución de los presupuestos estatales por densidad de población, pero los gestiona el Estado, como también los de hidrocarburos. Esos son los grandes pilares, pero es que la inflación está subiendo y es incoherente que el que más gane con la subida de los precios sea el Estado.
¿Y cuáles son los impuestos de gestión autonómica?
Por un lado, el canon del agua, que también lo ha suprimido la Junta de Andalucía para 2023, y que se usa para el mantenimiento de las redes acuíferas y va a beneficiar mucho a la agricultura y ganadería. Luego está el también suprimido Impuesto de Patrimonio, el de Sucesiones y Donaciones (bonificado al 99%) y el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que también se ha tocado. Por último, también tiene delegados impuestos especiales como el de las matriculaciones de vehículos nuevos, el antiguamente llamado canon de lujo.
El Colegio
El Colegio de Gestores Administrativos de Málaga cuenta con 250 profesionales repartidos en toda la provincia y Melilla. «Somos la correa de transmisión preferente entre la administración y el ciudadano, entendiéndolo como persona, empresa o autónomo», explica Quijada. Los profesionales de esta institución, que deben aprobar una prueba de acceso o máster habilitante, se dedican, principalmente, al trámite de vehículos (matriculaciones, transferencias o bajas); cuestiones fiscales o laborales (asesoramiento, declaraciones de renta, herencias o plusvalías), y temas de nacionalidad y extranjería. «Históricamente procedemos del Derecho, Económicas, Administración y Dirección de Empresas o Ciencia Política», describe el presidente de la institución, que cumple su quinto año de mandato.
