El panorama de altísima inflación y de escalada de los precios de la energía sufrido a lo largo del pasado año ha tenido graves consecuencias en la economía de las familias y de las empresas pero también ha afectado a la administración pública local, que tuvo el difícil reto de confeccionar para este 2023 unos presupuestos que, con los mismos ingresos de ejercicios anteriores, mantuvieran el nivel de unos servicios cuyo coste de prestación, inevitablemente, sí se ha incrementado de forma notable.
Para hablar de todas estas cuestiones, La Opinión de Málaga ha celebrado esta semana un desayuno informativo con el concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Málaga, Carlos Conde; el gerente del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria (Gestrisam), José María Jaime; la profesora titular de Hacienda Pública de la Universidad de Málaga, Ana María Sánchez; el decano del Colegio de Economistas, Manuel Méndez de Castro; el presidente del Colegio de Gestores Administrativos, Daniel Quijada; y el presidente del Colegio de Administradores de Fincas, Manuel Jiménez Caro.
Gastos e ingresos
Carlos Conde abre el debate explicando que la economía municipal, en cuanto a gestión, no se diferencia mucho de la cualquier economía doméstica o de la de una pequeña o mediana empresa. «Tenemos un conjunto de ingresos que financian las políticas públicas municipales, somos una administración de servicios por excelencia. Con la pandemia hubo que disminuir determinadas partidas para incrementar otras, pero esa corriente se ha estabilizado. Los ingresos se van recuperando, pero empezamos a ver con preocupación, de un año para acá, el encarecimiento del coste de la vida, y eso repercute de forma importante en las cuentas públicas», señala.
Por eso, asegura que el presupuesto de 2023 ha sido, con diferencia, el más complejo de cuadrar de los ocho que ha realizado en el Ayuntamiento de Málaga. El gasto del capítulo II, por ejemplo, ha subido un 12%. Factores como la subida de la energía, de los costes de la Seguridad Social o incluso del SMI suponen para el Consistorio un desafío de cara a sus cuentas.
José María Jaime, responsable de Gestrisam, destaca que, en el apartado de ingresos, el año 2022 fue de clara recuperación para este organismo, una vez superado el impacto de la pandemia y a pesar de elementos tan desestabilizadores como la inflación o la guerra de Ucrania. A su juicio, este hecho tiene más mérito al ser Málaga una de las capitales de provincia con la fiscalidad municipal más baja de toda España, con decisiones siempre «muy ajustadas y austeras». Además, destaca el «inmejorable comportamiento ciudadano», ya que el año se cerró con un cumplimiento del periodo voluntario del 92%.
Gestrisam, en todo caso, viene realizando una faceta social a través de beneficios fiscales por valor de 20 millones de euros al año para personas con bajos recursos económicos. También existen planes de pago fraccionados que el ciudadano, según explica Jaime, agradece. «No hay voluntad defraudadora, sino dificultades para cumplir con las obligaciones fiscales. Por eso hay que dar soluciones alternativas», asevera.
El decano del Colegio de Economistas, Manuel Méndez de Castro, cree que las dificultades para cuadrar un presupuesto como el del Ayuntamiento es un buen reflejo de lo que le está ocurriendo a familias y empresas, muy afectadas por la elevada inflación. «Todos estamos haciendo un esfuerzo: las empresas no repercuten toda la subida de costes a a sus productos a la venta, y las familias están también gastando menos. El problema de la inflación, además, es que todas las recetas para combatirla son nefastas para el crecimiento», señala en relación a las decisiones que están adoptando los bancos centrales con las subidas de tipos.
En relación al Ayuntamiento de Málaga, Méndez de Castro opina que «no es voraz en absoluto en el tema fiscal», en comparación con el conjunto de consistorios españoles.
Por su parte, Daniel Quijada, del Colegio de Gestores Administrativos, reconoce que hay empresas que han vuelto a dar beneficios una vez superada la pandemia, pero recuerda que muchas pymes lo siguen pasando «muy mal». Incluso menciona situaciones de autónomos con asalariados a cargo que, o han tenido que despedir trabajadores o, si los mantienen, no tienen prácticamente para llegar a fin de mes una vez que pagan las nóminas, el renting, el gasto de luz o las distintas obligaciones fiscales. También advierte de que, en esta situación, se corre el riesgo de que aumente la economía sumergida
Ana María Sánchez, profesora titular de Hacienda Pública de la UMA, opina que los gestores públicos tienen que ajustarse a la realidad, como lo hacen las familias (que están sufriendo aumentos de las hipotecas de 250 euros al mes) o las empresas. «El debate no es si subo los impuestos o no, sino dar el máximo de servicios de la mejor manera posible, reajustando y esperando que pase el temporal. La situación de inflación no se soluciona fácil», afirma Sánchez, que agradece al Ayuntamiento el «esfuerzo presupuestario» que ha realizado.
«Hay que ser muy eficientes a todos los niveles, tanto a nivel privado como público. El dinero hay que gestionarlo, controlarlo bien y tomar decisiones», apunta.
En cuanto a la situación de las pymes, muestra su preocupación y cree que si, en efecto, hay empresas que no son viables, éstas acabarán siendo «expulsadas del mercado». Como representante de la Universidad, Sánchez asume que muchos pequeños empresarios, pese a su «esfuerzo y valentía», sufren de un déficit formativo en materias como la digitalización.
En materia de fiscalidad local, el presidente del Colegio de Administradores de Fincas, Manuel Jiménez Caro, califica de «desacertado» el enfoque de no incrementar los impuestos municipales, ya que Málaga, como ciudad, «necesita recursos» y se mantiene además desde hace mucho tiempo en un rango bajo de fiscalidad. También recuerda que hay un compromiso desde 2019 por parte del Ayuntamiento de eliminar la plusvalía ‘mortis causa’ (la que se paga al heredar un inmueble).
«Entiendo que, por diversas circunstancias, no se ha podido hacer todavía, pero es algo que habrá que afrontar, y entonces Gestrisam tendrá que hacer un ajuste importante en sus previsiones de ingresos. Cuando se promete algo hay que cumplirlo, aunque sea tarde», expone.
Otro tema muy importante para Jiménez Caro, y relativo al ámbito vecinal, es la necesidad de un mayor esfuerzo en rehabilitación de vivienda en Málaga. En su opinión, hay que elevar las dotaciones del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) para lograr reformar, hacer más accesibles y mejorar energéticamente el parque de edificios de la capital. «Ese parque está muy envejecido y apostar por la rehabilitación supone un componente económico magnífico, al generar empleo y actividad. En futuros presupuestos hay que mejorar la dotación del IMV para que cada vez sean más las comunidades de propietarios que se beneficien», demanda.
Plusvalía y nivel impositivo
Carlos Conde afirma que Gestrisam, con sus 230 trabajadores, ha sido premiada recientemente a nivel nacional e internacional por su buena gestión, pero advierte de que, a pesar de ese buen trabajo municipal de «eficiencia y equilibrio presupuestario», los recursos del Ayuntamiento son limitados para atender todas las necesidades ciudadanas. Más aún, cuando los ingresos anuales por plusvalías se han reducido en casi 20 millones de euros al año con la aplicación de los nuevos sistemas de cálculo, tras la reforma estatal que adecuó el cobro de este impuesto a la famosa sentencia de 2017 del Tribunal Constitucional.
«Los ayuntamientos le hemos pedido al Gobierno que se nos compense de alguna manera, y estamos a la espera de restablecer ese equilibrio para afrontar otros compromisos. Si a medio plazo eso no sucede vamos a tener problemas muy serios que ya no podrán gestionarse ni con eficiencia ni con reajustes», apunta. Según Conde, los consistorios han demostrado ser en la pandemia la administración «más cercana» pero no tienen la capacidad económica suficiente para responder a sus desafíos.
En este contexto, añade que Málaga se está comportando mejor debido a su gran dinamismo económico pero recuerda que ya hay ayuntamientos grandes que han cerrado 2022 con déficit presupuestario. «Eso una línea roja que no puede permitirse. Son necesarias medidas para que los ayuntamientos podamos ser ese salvavidas de empresas pequeñas y de ciudadanos, y para dar nuestros servicios públicos», reclama.
Manuel Méndez de Castro cree que Málaga, a efectos de fiscalidad local, va a «salvar los muebles» siempre por el enorme tirón económico de su tejido productivo, pero cree que el Consistorio debe asumir de cara al futuro que la plusvalía acabará un día desapareciendo ya que, a su juicio, grava conceptos de ganancias por lo que el contribuyente, en la mayoría de situaciones, ya ha pagado con anterioridad (vía IRPF, por ejemplo). Según Méndez de Castro, no contar con los ingresos de plusvalía puede generar «tensiones» en las cuentas de los consistorios a los que, en todo caso, habrá que responder desde la eficiencia en la gestión de los recursos disponibles. «Eso de ser más eficientes en España tenemos que hacerlo todos, el sector público y el sector privado. Porque tenemos un tejido de pymes muy individualista, y si no vamos más allá de eso no habrá relevo generacional para las empresas», asevera.
Ana María Sánchez coincide con Méndez de Castro en su percepción de que la plusvalía es un impuesto injusto para el ciudadano que hereda, y también con Jiménez Caro en que la baja fiscalidad no debe ser un fin en sí mismo. «El objetivo fundamental no es que sea baja sino que sea la eficientemente necesaria para cubrir los servicios», aduce.
«El mantra de que debemos tener pocos impuestos no me sirve; la recaudación se aumenta subiendo tipos o ensanchando bases. En el IBI, Málaga tiene un tipo bajo comparado con otras capitales. Pues, si hace falta, discriminemos ampliando bases en ciertas viviendas. Si ese aumento de recaudación sirve luego para rehabilitar viviendas y ofertar a jóvenes, yo lo aplaudo», reflexiona.
Para José María Jaime, las decisiones macroeconómicas de calado «son complicadas» y, además, exigen «ser consecuente con ellas». El gerente de Gestrisam recuerda que el Ayuntamiento lleva 17 años con los impuestos congelados, y coincide en que esa situación «no es sostenible». «La inflación está disparada. Tiene que hacer un compromiso político, público y común de, al menos subir, el IPC. Pero en todo caso, decidir qué tributos tocar es complicado, porque es como inflar un globo y que al aire se vaya por otro lado ¿Subir el IBI?, ¿bajamos la plusvalía?, ¿cómo lo decidimos?», cuestiona. En el tema de la plusvalía, en concreto, Jaime explica que con la nueva fórmula de cálculo las cuotas ya han bajado mucho (un 37%). En todo caso, sigue siendo un ingreso muy importante para el Ayuntamiento, al suponer en todos sus conceptos un 8% o 10% de todo lo recaudado por el Consistorio (55 de 600 millones).
Por su parte, Jiménez Caro insiste en que Málaga está creciendo mucho y necesita un presupuesto municipal mayor que el actual, que es de casi 1.000 millones de euros. «Necesitamos más ingresos, al margen de las transferencias que se pueden pedir al Gobierno para que compense la bajada de las plusvalías. No podemos seguir con esta presión fiscal tan baja porque hay que plantear un volumen de inversiones mayor del actual. Este año son 140 millones pero eso es insuficiente », dice.
Daniel Quijada es de los que coincide con que el impuesto de plusvalía, en algún momento, tenderá a «modificarse, a eliminarse o a aminorarse», porque se dan casos tan chocantes como el de herederos que renuncian a un inmueble por no poder afrontar el pago de ese tributo.
En otro orden de cosas, asegura que la administración municipal es «la más cercana y la más eficiente» y, por eso, se pregunta si sería posible que los municipios canalizaran parte de los fondos europeos Next Generation, para que repercutieran de forma más efectiva a nivel local.
Gestrisam recibe premios a nivel internacional y nacional
Los responsables de los colegios profesionales presentes en el desayuno felicitaron a Gestrisam por su labor de gestión tributaria, por la implantación de plataformas tecnológicas y por su trato al ciudadano, un trabajo que ha recibido ya diversos reconocimientos. El Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y otros Servicios del Ayuntamiento de Málaga ha recibido el Premio Oro dentro de los Premios Iberoamericanos de Calidad, que concede la Segib (Secretaría General Iberoamericana) y Fundibeq (Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad). El distintivo fue recibido por el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde, de manos de Felipe VI en la reciente XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Este reconocimiento se une a otro que ha obtenido hace poco Gestrisam: el Premio a la Excelencia en la Gestión Pública de 2022, otorgado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.
El modelo de financiación, la cuestión de la vivienda y la ilusión por la Expo
El concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Málaga, Carlos Conde, afirma que el futuro de la población es urbano y, por tanto, el propio futuro de los servicios públicos pasa por las ciudades. Por eso, solicita el Estado que el modelo de financiación del futuro prime a las administraciones locales en fondos y competencias. «Si no hacemos esto, perderemos una gran oportunidad y tendremos un Estado que cojeará, sin municipios fortalecidos», asegura.
Ana María Sánchez, profesora titular de Hacienda Pública de la UMA, dice que los datos de las haciendas locales revelan que las ciudades de entre 500.000 y un millón de habitantes son las más eficientes en la gestión de sus gastos e ingresos. «Hay que repensar el modelo de descentralización. Quizá podríamos ir a un modelo más federal, como en Alemania o Australia y dar más competencias al gestor más inmediato al ciudadano», apunta. Además, aboga por «despolitizar» muchas cuestiones. «No hace falta pelearse, sino sentarse a negociar. El ciudadano quiere gestores», asegura.
Manuel Méndez de Castro, decano del Colegio de Economistas, coincide en el análisis localista y hace un paralelismo entre los ayuntamientos, «que son las entidades públicas que manejan presupuestos más reducidos», con las familias (que, a su juicio, son la unidad económica más eficiente porque sabe adaptar rápidamente su presupuesto a los cambios).
El gerente de Gestrisam, José María Jaime Vázquez, señala que en España se ha producido en los últimos años una recaudación «espectacular» en tributos estatales (IVA, Renta, carburantes) pero esa ola aún no ha llegado a los ayuntamientos. «Participamos de los ingresos del Estado pero con dos años de decalaje. Los ayuntamientos, a través de la FEMP, estamos reclamando un cambio de modelo de financiación porque todavía nos basamos en uno de 2004, que hay que revisar», refiere.
Manuel Jiménez Caro, del Colegio de Administradores de Fincas, cree que el Ayuntamiento está solventando bien la merma de ingresos en torno a la plusvalía (casi 20 millones al año), y cree que se debe ir a un listón más alto de impuestos para mantener todos los servicios públicos. «Hay ciudades donde ya se nota un parón de la economía, y eso no se está dando aquí en Málaga, pero hay que hacer una previsión de que este crecimiento no se va a mantener», sostiene.
El presidente del Colegio de Gestores Administrativos, Daniel Quijada, felicita a Gestrisam por la eficiencia en su labor y opina que debería ser ejemplo para otros departamentos municipales que, a su juicio, tienen margen de mejora. «Pienso por ejemplo en Urbanismo, que tarda más de un año para un cambio de uso de un local, cuando el proyecto viene ya visado por un arquitecto. O muchos meses para conceder una licencia de obras. Eso puede aumentar los costos de una obra o hacer que no encuentres constructora», recalca.
