¿Cuánto puedo desgravarme del IRPF por la ayuda en casa?

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«Podría ser una medida muy positiva por varios factores: es un sector con mucha mano de obra no regularizada donde la inmensa mayoría del empleo es femenino y el hecho de poder llevar ese coste a la desgravación en la renta afloraría mucho empleo no regulado, sin olvidar la ayuda que esa bonificación podría suponer para muchas familias que ahora mismo quizá no pueden permitirse tener ayuda en casa».

Habla el presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Málaga, Daniel Quijada, sobre la iniciativa planteada por sus compañeros de gremio en Madrid para que las familias puedan deducirse en el IRPF la cuota íntegra de sus empleados domésticos.

Andalucía ya contempla una deducción por la contratación de empleados o empleadas para la ayuda en casa. En este caso, se trata de una bonificación del 15% del importe satisfecho a la Seguridad Social con un límite de 250 euros anuales. «Andalucía es una de las pocas comunidades autónomas que prevén este tipo de medidas, pero si ese porcentaje del 15% se mejorase, es posible que sirviera para animar la contratación en este ámbito», sigue Quijada.

El presidente del colegio malagueño reivindica que una medida así ofrecería beneficios «no sólo a los trabajadores afectados, sino también al conjunto de la sociedad». Y lo explica: «De una parte, se podría animar la contratación en este sector y, de otro, conviene recordar que beneficios fiscales como este pueden redundar en beneficio de toda la sociedad. Una medida así podría animar a que mucha clase media con ambos padres trabajando se animar a la contratación de este tipo de ayuda en casa».

«Además -añade Quijada- podría abrirse el perfil de este tipo de profesionales, con la incorporación, por ejemplo, de estudiantes que realizarían estos servicios de manera puntual. Todo eso podría animar la contratación». Con esta reflexión, el presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Málaga saluda la propuesta lanzada hace unos días por el colegio madrileño para la deducción íntegra de los gastos de las familias por la contratación de ayuda en casa.

Aumento de la recaudación

La iniciativa estaba incluida en el Observatorio de la Gestión Pública elaborado por el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid (Icogam). Según el colectivo, la medida podría favorecer «el aumento de la recaudación con la consiguiente reducción del gasto público, la regularización laboral de una actividad productiva, la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, formalizar la situación de trabajo y residencia de una parte importante del colectivo y la regularización del régimen de cotizaciones a la Seguridad Social o la tributación de actividades económicas».

El mismo estudio recuerda el alto grado de empleo sumergido que afecta a esta actividad y detalla que sólo unas pocas comunidades autónomas contemplan bonificaciones en este sentido. Ahí está el incentivo del 15% planteado en Andalucía con un límite de 250 euros anuales, mientras en Castilla y León el tope puede subir hasta los 300 euros.

Galicia, por su parte, plantea una bonificación del 30% de las cantidades abonadas al personal del hogar que esté al cuidado de un menos de 3 años, con un límite máximo de 400 euros, que se eleva a 600 euros si se tienen dos o más hijos, tal y como detalla el informe del colectivo madrileño.

Ayuda a las rentas bajas

El Icogam recuerda que en todos los casos se trata de deducciones en la cuota de IRPF «dado que es el mecanismo que ayuda de manera más efectiva a las rentas más bajas». Y sigue el análisis elaborado por los gestores administrativos madrileños recordando la estimación de que el 76,2% de los empleados en este sector son mujeres.

«En el ámbito de la Unión Europea, la Comisión Europea cifra en el 90% el porcentaje de mujeres entre los trabajadores del servicio doméstico. Se estima que el 30% de los trabajadores eran de un país externo a la UE, mientras que un 15% pertenecen a otro país miembro. Cifra entre un 70-80% el volumen de trabajo informal, esto es, no declarado, por lo que los trabajadores no cuentan con la misma cobertura que otros trabajadores del sistema», establecen desde el colectivo profesional.

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