Óscar Bujalance, director provincial de la Tesorería de la Seguridad Social de Málaga

Óscar Bujalance hace apenas un año que dirige Tesorería General de la Seguridad Social de Málaga, tiempo suficiente para hacer balance acerca de las luces y sombras del organismo que lidera y para proponer nuevas regulaciones que redunden en la mejora del sistema.

Estrenamos año, ¿estrenamos novedades?

El año 2020, tras una etapa de inestabilidad que impedía afrontar los retos planteados para el país, nos ha traído un gobierno nuevo. Dado el poco tiempo transcurrido muchas de las novedades y reformas están aún por llegar.  Como novedades se pueden destacar, junto con la revalorización de las pensiones y la supresión del art. 52.d) del Estatuto de los trabajadores, la subida del SMI a 950 €. Se trata de una subida que cuenta con el consenso de los agentes sociales y que se muestra como necesaria para garantizar un salario digno a todas las personas trabajadoras. Dicha subida implica también un aumento de la base mínima de cotización. Como indicaba, serán necesarias más novedades y reformas en particular en el ámbito del Sistema de la Seguridad Social para garantizar la solidez y sostenibilidad del mismo.

¿Cuánto ha recaudado la TGSS en 2019?

La recaudación acumulada en la provincia de Málaga hasta diciembre de 2019 ha ascendido a más de 3.815 millones de euros. En relación con el año 2018, la recaudación durante todos los meses de 2019 ha sido superior a la del año anterior. Totalizando, y dado que durante el 2018 la recaudación alcanzó los 3.513 millones de euros, el 2019 ha supuesto un aumento del 8,59%. El aumento de la recaudación es reflejo del dinamismo y la versatilidad del mercado laboral de la provincia de Málaga. Solo se aprecia un pequeño estancamiento en la recaudación del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, motivado por el menor crecimiento de la afiliación y las bonificaciones de cuotas aplicables a dichos trabajadores.

Según estas cifras, ¿cómo se sitúa Málaga respecto al territorio nacional?

Con los datos nacionales acumulados a noviembre de 2019, la recaudación de la provincia de Málaga supone un 2,88% del total recaudado, situándose la provincia entre las siete primeras del país.

¿Qué le preocupa en estos momentos?

Más que preocuparme, considero que es necesario hacer un adecuado diagnóstico de la situación en la que se encuentra nuestro Sistema de la Seguridad Social para afrontar, entre otros, el importante reto del envejecimiento de la población española y la financiación del Sistema. Será necesario el abandono de la crispación política para que en un clima de consenso y, en el marco del Pacto de Toledo, se puedan afrontar las reformas oportunas importantes y novedosas que refuercen la suficiencia y el carácter garantista de nuestro Sistema de Seguridad Social.

Serán necesarias reformas relevantes en materia laboral para fortalecer la competitividad de la actividad económica sin olvidar el carácter tuitivo del Derecho del Trabajo como garante de un trabajo digno de todas las personas trabajadoras. Se me viene a la mente la necesidad de una adecuada regulación de las nuevas formas de trabajo surgidas como consecuencia de las plataformas digitales y la igualdad real entre mujeres y hombres evitando todo tipo de discriminación. Reformas que sin duda redundaran en la mejora del Sistema, de los derechos de los trabajadores y de la sociedad en su conjunto.

Recientemente se ha creado el Observatorio para la lucha contra el fraude en el ámbito de la Seguridad Social, ¿qué información le ha aportado hasta ahora este nuevo foro?

El Observatorio para la lucha contra el fraude en la Seguridad Social surge como un foro de encuentro, análisis y estudio para la formulación de propuestas de actuación en la lucha contra el fraude. Aunque hasta la fecha solo se han celebrado dos sesiones, ya hemos creado un grupo de trabajo para analizar las posibles conductas fraudulentas en un sector novedoso y relevante en la provincia. Espero, como presidente de la Comisión Provincial del Observatorio, que de este grupo de trabajo y demás que surjan en el futuro podamos obtener patrones de comportamiento fraudulento a combatir y poder formular propuestas de actuación e incluso modificaciones o mejoras legislativas.

¿Cuáles son las estafas más habituales en Málaga?

Desafortunadamente, la casuística es variada. El fraude a la Seguridad Social puede tomar diversas formas y va mutando. Junto a las conductas fraudulentas para eludir el pago de cotizaciones y demás recursos, mediante la interposición de testaferros, grupos de empresas sucesiones no declaradas, etc.., tiene una gran relevancia la simulación de la relación laboral para acceder a los beneficios del sistema (prestaciones indebidas, permisos de residencia y trabajo…). Junto a las empresas totalmente ficticias, proliferan empresas (parcialmente ficticias), que tienen actividad real pero con altas fraudulentas de trabajadores. Por último, también son habituales las altas fraudulentas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y en el Sistema Especial de Empleados del Hogar.

¿Cómo se intentan combatir estas conductas desde la TGSS?

Desde la Tesorería General de la Seguridad Social consideramos primordial esta materia porque el fraude a la Seguridad Social supone una merma de los ingresos públicos, condiciona el nivel de calidad de las prestaciones sociales e implica una competencia desleal para los cumplidores.

Junto con el Observatorio para la lucha contra el fraude que he mencionado anteriormente, en la Dirección Provincial existe la Sección de Prevención del Fraude, dependiente de la Subdirección de Gestión Recaudatoria, donde se analizan y estudian los casos de fraude. Entre las líneas de actuación puedo destacar la dedicada al el estudio de expedientes fraudulentos que pueden ser constitutivos de delitos contra la Seguridad Social, (art. 307 y ss. C.P).

En el caso de constatar indicios de delito se derivan a la Sección de Investigación de la Seguridad Social (SISS), de la Policía Nacional, perteneciente a la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la UDEF, encuadrada en la Comisaría General de Policía judicial. Esta Unidad tiene como misión específica la persecución e investigación de cualquier actividad ilícita que atente contra los intereses económicos de las distintas Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. Tras la investigación, si se constatan los indicios, se inicia el correspondiente procedimiento penal. Destacar también los planes de objetivos comunes con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Oficina de Extranjería, (entre otros organismos), con los que se realiza un trabajo coordinado en esta materia.

¿Cómo es la evolución de estas conductas irregulares?

Las conductas fraudulentas suelen mutar en cuanto son descubiertas o resultan inoperativas para el defraudador. En este punto es de destacar que han perdido fuerza las empresas totalmente ficticias (sin actividad real) en favor de las altas fraudulentas (altas simulada) especialmente en el RETA y en el SEEH, por implicar cotizaciones más bajas o beneficios en forma de bonificaciones y reducciones, permitir al propio trabajador el control de su actuación irregular alejado de tramas organizadas, y por la dificultad de comprobación al indicar como actividad aquellas que carecen de centro de trabajo fijo o que coincide con un domicilio  particular.

La figura de los falsos autónomos también está en auge, auspiciado por una falta de regulación clara de estas nuevas formas de trabajo.

¿Qué políticas de concienciación se podrían llevar a cabo?

La sensibilización en este tema es esencial. La formación a todos los niveles es clave para que el fraude no se vea como algo común, generalizado e incluso tolerado por la sociedad. En este tema los profesionales como los gestores administrativos tenéis un papel importantísimo por el asesoramiento que realizáis a vuestros clientes.  Desde vuestra posición, siempre profesional y cercana a empresarios y trabajadores, se puede realizar un buen trabajo de concienciación en la lucha contra el fraude a la Seguridad Social.

¿Se están tomando medidas de unificación de criterios de actuación en las diferentes administraciones de la Seguridad Social?

Desde la Tesorería General de la Seguridad Social se están impulsando diversos proyectos en esta línea con una clara apuesta por la administración electrónica.

Se pretende hacer una revisión de los procesos presenciales encaminada a reducir los trámites que se realizan en las administraciones y a la homogeneidad en las actuaciones que realizan los trabajadores y las empresas. Uno de los proyectos más avanzados es el de atención integral al autorizado Red que, presidido por la premisa de una administración electrónica real, pretende una uniformidad en la gestión de los diferentes trámites que se realizan actualmente, con el establecimiento de protocolos para cada trámite, uniformidad en la documentación requerida y agilidad. Todo ello con la finalidad de dotar de una mayor seguridad a la gestión acabando con el tratamiento heterogéneo. En los próximos meses estarán en marcha.

¿Se prevé la modificación de plazos del Sistema Red aplicando la Ley de Procedimiento Administrativo, siendo estos plazos de días hábiles?

En este sentido no está prevista una modificación de los plazos, ya que el artículo 30.2 de la Ley 39/2015 establece que siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos y añade que cuando los plazos se hayan señalado por días naturales por declararlo así una ley o por el Derecho de la Unión Europea, se hará constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones.

Por ejemplo, los plazos en materia de encuadramiento o afiliación están fijados en días naturales expresamente. El plazo más cuestionado es el de presentación de jornadas reales en los seis primeros días del mes siguiente. La Tesorería General de la Seguridad Social entiende que son días naturales.

¿Se va a dar solución para la autorización a Red de personas (usuarios) que no dispongan de medios informáticos?

La evolución es hacia una administración electrónica real.

En todas nuestras oficinas hay ordenadores a disposición de los usuarios que se encuentren obligados o voluntariamente necesiten hacer uso de la Sede Electrónica de la Seguridad Social, pueden acceder con Cl@ve o con DNI-electrónico. También está prevista la puesta en marcha de una App para su uso por los autorizados Red que le permitirá hacer gestiones desde su teléfono móvil o tableta.

¿Se prevé la modificación de plazos del Sistema Red aplicando la Ley de Procedimiento Administrativo, siendo estos plazos de días hábiles?

En este sentido no está prevista una modificación de los plazos, ya que el artículo 30.2 de la Ley 39/2015 establece que  siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos y añade que cuando los plazos se hayan señalado por días naturales por declararlo así una ley o por el Derecho de la Unión Europea, se hará constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones. En el caso de plazos de afiliación todos están fijados en días naturales expresamente. El plazo más cuestionado es el  de presentación de jornadas reales en los seis primeros días del mes siguiente.  No obstante, dada la literalidad de la norma, se entiende que son días naturales.

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